sábado, 23 de agosto de 2014

Denuncia ante quien corresponda

AL PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL
DE LA VILLA DE BUÑUEL.

Pedro José Francés Sayas, con domicilio en Buñuel, en Nº 5 de la Calle Navas de Tolosa, ante ese Puesto de la Guardia Civil de la Villa de Buñuel, como mejor proceda en Derecho
        DIGO:
      Que por medio del presente escrito me presento a formular DENUNCIA contra Joaquín Pórtoles Beltrán, vecino de Buñuel y Alcalde de la Villa, por si los hechos que a continuación voy a exponer fueran constitutivos de delito.
      HECHOS:
Primero:
      Es patente tanto de palabra como por omisión la negación permanente que Joaquín Pórtoles Beltrán, en su representación como alcalde en los últimos tres años, hace de los sucesos ocurridos en Buñuel en el verano de 1936 en el que en treinta y cinco días a partir del 21 de julio sacaron de sus casas y asesinaron a cincuenta y una personas inocentes.
       La inexistencia de aquellos sucesos la sustenta desde la idea que repite alegremente de que la historia la escriben los vencedores. Una muestra de su desprecio a la verdad y a reconocer los derechos y la dignidad de las víctimas.
      Con sus constantes impedimentos y trabas, en los últimos años Joaquín Pórtoles Beltrán ha acabado erigiéndose en heredero de aquellos vencedores y fiel depositario de su victoria, hasta el punto de que en estos años no ha sido capaz de reconocer ni por un instante ni con ningún detalle, aquellos funestos hechos criminales, que en realidad, marcaron y marcan la historia de nuestro pueblo. Hechos criminales cuyos autores tienen nombre y apellidos y de los que no se ha hecho justicia: ni en cuanto a la declaración de los culpables ni en reconocer la condición de asesinados que tienen las víctimas.
      Su primer gran hecho funesto y primera prueba de esa contumaz animadversión hacia los descendientes de aquellas víctimas inocentes y sin duda punible por leyes que tratan de la exaltación de la violencia y del desprecio a las víctimas, fue negar sillas municipales en un acto de reconocimiento que se celebró el día 23 de Julio de 2011, para que se pudieran sentar huérfanas de aquellas víctimas, algunas de las cuales no habían vuelto al pueblo desde el año 1936. Un acto en el que nada hizo por colaborar y al que puso todos los obstáculos para que no pudiera celebrase, uno de ellos: entre falacias y argucias ante la Delegación del Gobierno para impedir que se pudiera hacer en la placeta de la Casa consistorial.
      Otra de las pruebas que se suceden diariamente de la negación de los hechos sucedidos en Buñuel en el año 1936 y una falta a la verdad histórica es el mantenimiento del monumento a los caídos en forma de cruz que desde el año 1941 está ubicado en la puerta de la Iglesia. Un alegato a la victoria del golpe de Estado y a la mentira. Una obcecación que atenta contra la dignidad de las víctimas,
       Vecinos del pueblo y ciudadanos procedentes de Buñuel o con vinculaciones con el pueblo y algunos otros ciudadanos en general, le han dirigido personalmente a Joaquín Pórtoles Beltrán como alcalde de la villa, algunos centenares de cartas en los últimos meses pidiéndole que derrumbe ese símbolo orgulloso de la victoria fascista y antidemocrática que sumió al pueblo español en una dictadura de cuarenta años alimentada de miseria después de un golpe de estado y de tres años de guerra ignominiosa.
       Estos centenares de cartas que se le han dirigido solamente han recibido como respuesta el más absoluto desprecio puesto que nunca ha contestado a ninguna de estas cartas. Joaquín Pórtoles Beltrán como alcalde-presidente de la Villa de Buñuel está soportando su responsabilidad personal porque en ningún momento ha pasado a otras instancias del gobierno municipal para dar la respuesta oportuna a la petición.
       En Buñuel existe una calle recién renombrada como Calle del Comandante Oliver. Aunque inicialmente esta denominación en otra calle pudiera ser dedicada a otro militar la realidad es que se mantiene gracias a que era la misma manera por la que se reconocía al General Luis Oliver Rubio en aquellos momentos en los que se dio el golpe militar la tarde noche del día 17 de Julio. A este militar la historia lo describe como uno de los jefes militares más sanguinarios en los inicios del golpe militar incluso antes de que en realidad se declarara la guerra.
       Varias veces se le ha solicitado a Joaquín Pórtoles Beltrán como alcalde-presidente de la Villa de Buñuel para que cambie el nombre de esta calle y nunca se ha recibido respuesta de su parte. Esta actitud creo que representa una conducta para que tengan un reproche mayor que  lo que está dentro de la normas de la buena educación.
       El desprecio tan absoluto que se demuestra ante todas las reivindicaciones de reconocimiento de los asesinatos cometidos, que se han hecho en el pueblo a partir de ese día,  que según manifiesta el mismo Joaquín Pórtoles Beltrán, no fueron asesinatos e incluso manifiesta que es un delito asegurar que fueron asesinatos. Esta justificación de la violencia en la que directamente se da por bien muertos a los asesinados, desde el momento en el que considera que no fueron asesinados, no me cabe duda de que haya de estar contemplada en la Leyes.
Segundo:
      En estos meses de Julio y Agosto, como venimos haciendo desde hace algunos años durante el verano, un grupo de personas organizamos actos pacíficos de memoria y recuerdo en Buñuel por los 52 asesinados, defendiendo el buen nombre del Ayuntamiento republicano, y por los tiempos de la República.
       Este año entre estos actos estaba la colocación en la Plaza que dibujó el Ayuntamiento republicano durante su mandato, una placa adornada con la bandera de la República que decía: “Plaza de la República, Plano de alineación de julio de 1933, Alcalde Alfonso Marquina.”
       Una placa simbólica que no tenía más pretensiones que la de ser una reivindicación y recuerdo de que aquella plaza estaba allí porque alguien la había hecho. La placa la colocamos en la fachada de mi casa el día 25 de Julio de 2014 y la  pensábamos mantener hasta el día 22 de agosto de 2014, día en el que dábamos por terminados los actos de recuerdo de este año y que considerábamos que era más que suficiente para rememorar aquellos hombres y aquellos tiempos.
       Con este acto queríamos dar a  conocer al pueblo en general, que esa plaza era una plaza que se había trazado en tiempos republicanos por el Ayuntamiento republicano cuyo alcalde y concejales habían sido asesinados.
       La placa de 60 x 30 ctms, de diferente tamaño, color y grafía que las que tiene el Ayuntamiento en las calles, estaba colocada a más de cinco metros de altura, dentro del balcón que desde mi casa da a la plaza, protegida por rosales que tengo amarrados a la baranda. Una placa, que si bien era bien vista desde la plaza sin embargo a nadie engañaba de que era cosa de quienes reivindicamos la memoria y que ya somos conocidos y reconocidos en el pueblo.
        El día 7 de agosto, según me han contado, a primera hora de la mañana, sin ninguna clase de advertencia ni aviso por parte del Ayuntamiento: ni al propietario de la casa ni a mí mismo, miembros de la brigada municipal procedieron a retirar la placa en presencia de la patrulla de la Guardia Civil. Al parecer aunque no hubiera orden judicial ni nada parecido, era muy importante poder decir que quien había entrado en mi casa y había quitado la placa había sido la guardia civil puesto que esa circunstancia le da otra impronta.
      Se la misma manera que la placa anterior, con un sistema que solamente se necesita un golpe de destornillador para soltarlas, volví a colocar la placa el día 8 de agosto.
      El día 14 de agosto, sin ninguna clase de aviso, ni advertencia, ni miramiento, a las diez de la mañana, estando en mi casa junto con mi esposa, el jefe de la Brigada Municipal desde un ascensor mecánico, accediendo al interior de mi balcón, pasando por encima de los rosales arrancó de nuevo la placa. Salí corriendo a impedirlo pero no llegué a tiempo salvo para reprochar la conducta del mandado en un esfuerzo más por combatir mi impotencia.
      Al mirar desde el balcón a la plaza pude ver a un policía municipal, a la patrulla de la Guardia Civil acompañado de unas cuantas personas de auto reconocido carácter falangista que rodeaban mi casa de manera al menos amedrentadora.
      De este hecho ya he presentado denuncia en esos juzgados contra la persona que me increpó.
       El día 14 de agosto al mediodía volvimos a colgar otra placa con el mismo texto pero de un tamaño de 100 x 50 ctms. La colocamos en la parte más alta de mi casa entre dos ventanas. Como el otro también era  un cartel que no pudiera confundir a nadie ni del pueblo ni forastero: pero volvía a ser una placa de memoria, de reivindicación, homenaje y recuerdo que al parecer también molestaba al alcalde Joaquín Pórtoles Beltrán y posiblemente a sus adláteres y a quienes le sustentan en el cargo.
       El día 16 de agosto, sin aviso de ninguna clase, estando en mi casa yo mismo y mi esposa, y sin ninguna duda por orden del sr. alcalde Joaquín Pórtoles Beltrán, con la observancia desde lejos de la patrulla de la Guardia Civil, un contingente compuesto por el Sr. Secretario del Ayuntamiento, un policía municipal, el Jefe de la Brigada municipal que se encaramaba hasta la tercera planta de mi casa con un elevador propio de la construcción trataron de llevarse la placa de la fachada del lugar más alto de la casa en el que la teníamos colocada. Llegué unos segundos antes y la pude descolgar ante de que la requisara por tercera vez el empleado municipal.
       Con el consentimiento y con el beneplácito de Joaquín Pórtoles Beltrán la tensión social, política y policial a la que nos han sometido a algunos miembros de mi familia y a mis amigos han conseguido que en lugar de esperar a quitarla como gesto simbólico de reivindicación el día 22 como era lo previsto, hubiéramos de descolgar la placa el día 16 de Agosto dejando nuestra libertad de expresión arrastrada por los suelos y sin ningún lugar al que apelar.
       Todo esto en un pueblo en el que hay cientos de banderas colgada en fachadas y balcones, algunas de ellas ilegales y que cada día cada cuarto de hora hemos de escuchar un “Avemaría” todos los vecinos sin excepción desde la torre en el que se da la hora oficial al pueblo y tres veces al día un Ángelus completo.
       Es obvio decir que las dos placas que se llevaron han quedado requisadas y en esta denuncia reclamo su devolución.
Tercero:
      En el verano de 2012, más de un año llevaban sin que nos dejaran entrar a visualizar los archivos, incluso, contando con el apoyo y la observancia que el Defensor del Pueblo de Navarra les había trasmitido de nuestro derecho.
       El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Tudela archivó la querella por prevaricación que yo mismo presenté en su día contra Joaquín Pórtoles Beltrán por el impedimento que a propósito y sabiendas, ejercía para que yo mismo y mi esposa pudiéramos entrar a ver y leer documentos de los archivos municipales referentes a los tiempos de la II República, por considerar el juzgador que el acusado era tan iletrado e ignorante que hacía imposible el delito,
       El archivo de esta querella por prevaricación está recurrida en la confianza de que se hará justicia y que finalmente se procederá a juzgar a Joaquín Pórtoles Beltrán por este delito de prevaricación.
       Ante la posibilidad de seguir siendo imputado, desde el Ayuntamiento sibilinamente me abrieron las puertas de acuerdo a un procedimiento diabólico, dispuesto e ideado para mí.
       Yo pido permiso concreto para qué quiero entrar y lo hago por escrito. La junta de Gobierno lo estudia en el último momento en el que le permite la ley y da permiso al Señor Secretario para que ponga día y fecha para ejercer mi derecho. El señor secretario lo hace también dentro del límite legal que tiene y luego pues: alarga todo lo que puede el día en el que me deja entrar. Entre la solicitud y el día en el que puedo entrar a los archivos, entre que pido y me conceden, puede pasar varios meses y ese día he de estar vigilado por un policía municipal.
       Habitualmente, esto mismo trabajo de investigación y lectura lo realizo en otros muchos Ayuntamientos de este mismo partido judicial y es un acto sencillo: me dirijo personalmente al Ayuntamiento, el Señor secretario saca los documentos que quiero visionar porque los archivos de este tiempo están todos en todos los Ayuntamientos perfecta y sencillamente calificados, veo los documentos en plena libertad y confianza y en un par de horas tengo en mis manos las fotocopias de los documentos que preciso.
      Bien, pues después de hacer el paripé durante un tiempo, desde hace unos meses este procedimiento diabólico al parecer lo han cambiando: no me contestan de ninguna manera y por lo tanto de facto ya no me dejan entrar de nuevo a ver la documentación existente en los archivos municipales de los años republicamos y siguientes.
       En este cambalache de procedimientos y propósitos en el que al parecer el señor secretario es inocente, puesto que en realidad no es más que un mandado, he de suponer que es el señor alcalde Joaquín Pórtoles Beltrán, quien en definitiva de nuevo me impide ejercer mi derecho al acceso de los archivos municipales después de que de alguna manera ha visto la forma de sortear la ley y los juzgados.
Cuarto:
      En Buñuel hay algunos servicios municipales a los que tienen acceso de manera igualitaria todos los vecinos.
      Pues bien: cada vez que me veo en la necesidad de utilizarlos me veo sometido a una persecución y delante de mí, se levantan toda clase de obstáculos burocráticos insuperables, siempre con la intersección del señor secretario que asume su labor de mozo de brega incluso después de haber sido condenado en primera instancia y en apelación por vejaciones y humillaciones contra mi persona, o quizás todavía más que antes de ser condenado.
       Trabas e impedimentos con los que después de algún tiempo,  llego  a la conclusión de que fraudulentamente, desde la institución municipal  no me permiten las mismas condiciones de uso que al resto de los  vecinos, para la utilización de estos bienes municipales que están a disposición de todos los vecinos.
       Relaciono dos casos fácilmente demostrables
       La Casa de Cultura tiene un espacio en el que se pueden realizar reuniones y dar charlas y conferencias. Esta sala es muy utilizada durante todo el año de manera gratuita por infinidad de personas, grupos y asociaciones para celebrar actos de toda clase: organización de la javierada, organización de una etapa del camino de santiago, asamblea de la asociación taurina, actos que aunque de forma peregrina se puedan considerar culturales. Se da el caso que por el uso de esta sala para actos culturales, quien únicamente ha pagado he sido yo: para la presentación del libro. Buñuel verano de 1936. Una tasa de 72.- euros.
       Luego, teniendo noticias de esta realidad me lo han impedido queriéndome cobrar una cantidad tan demencial como abusiva para la presentación, de las obras escritas sobre el ámbito local: Como la mula al surco y La Canalla de 1936.
       Además el alcalde Joaquín Pórtoles Beltrán, trata de justificar esta forma de proceder pervirtiendo esta labor altruista que realizo refrescando la Memoria Histórica en mi pueblo como si fuera un negocio con el que gano mucho dinero y por el que por lo tanto he de pagar.
       La utilización de la megafonía municipal está al servicio de cualquier persona con la condición de pasar la redacción del comunicado público que se quiera hacer  y pagar 3.- euros.
      Así de sencillo.
      Pues no es este mi caso:
      El día  29 de agosto el alcalde Joaquín Pórtoles Beltrán, se negó incluso luego de haber pagado la tasa correspondiente, a leer por la megafonía un comunicado en el que se decía: “en recuerdo y memoria de los cinco jóvenes asesinados…” aduciendo que estábamos cometiendo un delito, asegurando que no habían sido asesinados aquellos cinco jóvenes que en el atardecer del día 3 de agosto de 1936, habían sido arrancados de su encierro en el Ayuntamiento y habían sido pasados por las armas unas horas más tarde.
      También el día 12 de Agosto se permitió el lujo de recortar una frase de otro comunicado en la que decía: “por un recorrido supervisado por la Delegación del Gobierno..,” porque esta frase al parecer no encaja con su estrategia de demonizar todo lo que hacemos.
       Se puede observar su ignorancia o su osadía y en todo caso el absolutismo de su autoridad ante el que no tengo ningún recurso inmediato de apelación y defensa.
        Seguramente que estas conductas que nos dejan a los ciudadanos perplejos y sin saber qué hacer, indefensos e impotentes ante la autoridad, una vez denunciados ante la justicia, nuestra única defensa en estos casos de irracionalidad y prepotencia, tendrá alguna línea con la que dar respuesta y defensa y con la que sancionar el absolutismo y el oprobio
Quinto.
       La utilización de los cuerpos de seguridad del Estado que hace Joaquín Pórtoles Beltrán, en su calidad de alcalde, como una herramienta de coacción y amenaza hacia quienes y contra quines estamos empeñados en romper la gran piedra de silenció bajo la que estaba prisionera la memoria de lo que ocurrió en nuestro pueblo en el verano de 1936..
       Una guardia particular para utilizarla a su antojo para la defensa de sus intereses, apaciguar sus temores ficticios y dar salida a sus caprichos de autoridad plenipotenciaria del pueblo.
       Es tal la alarma que produce ante las autoridades y responsables del orden público que en un acto improvisado que celebramos en la puerta del Ayuntamiento de Buñuel el pasado 3 de agosto, se presentaron: un oficial, un suboficial, seis guardias civiles y un agente sin uniforme para vigilar un acto en el que participamos diez personas más que adultas en actitud pacífica, y en la que en veinte minutos y sin ni siquiera pisar la calle solamente queríamos leer el relato de los hechos ocurridos aquella misma tarde del año 1936 en la que se llevaron a la muerte a cinco jóvenes inocentes.
      La misma circunstancia de que para quitar las placas de la Plaza, que no deja de ser la violación de mi domicilio y un atentado contra la libertad de expresión, requiriera la presencia de la patrulla de la Guardia civil, es una prueba más de las tantas con las que trata de identificarnos como personas peligrosas y a las que hay que temer.
       Esto yo no sé si se puede entender como utilización de fondos públicos sin ton ni son, pero estoy seguro que ha de haber alguna manera de condenarlo.
Sexto:
      Finalmente, a pesar de que soy un señor de cierta edad, que me supongo serio y formal, no exento de inteligencia y de carácter templado, a  pesar de tener publicados una veintena de libros de ensayo, cinco de ellos referentes al ámbito local, cada vez que hablo con Joaquín Pórtoles Beltrán en su calidad de alcalde, su actitud es de una tremenda agresividad, una sucesión de insultos y de menosprecios me premian, un contestar a cualquier cosa menos a lo que le pregunto trasmitiéndome la sensación de que él sabe bien que estoy tonto, negándome mi condición de ciudadano soportando su desprecio con amenazas: “el día que no sea alcalde te llevaré a un sitio y te diré cuatro palabras…” y sobre todo con esa estrategia infecta de siempre de: “pídemelo por escrito…” que es la respuesta a todo cuanto le requiero, aunque sea una tontería que me pude contestar en el momento, puesto que aunque sea para mañana la tontería, tiene un mes para contestarme “Y si no habérmelo preguntado antes…” y eso si no lo pasa antes por la Junta de gobierno
      Esta actitud manifiesta que se expande desde la Alcadía que corona Joaquín Pórtoles Beltrán, ha creado un ambiente bien orquestado, en el cual: cualquier persona que se pare en la calle a hablar conmigo durante cinco minutos, al poco rato ya tiene a alguien que le coja del brazo y le advierte que no se puede hablar conmigo porque soy lo que soy y todo lo demás que se quiera imaginar. Aprietan fuerte del brazo. Eso me dicen.
      Ante esta autoridad tan aberrante me encuentro como un hombre indefenso y acorralado que no sabe qué hacer. Ante esta muralla de autoritarismo, ante los amos de un pueblo que hacen y deshacen sin importarles la ley que nos protege a los ciudadanos y nos preserva nuestros derechos, finalmente confío en la Ley y espero que si hay una línea en el Código para castigar a quien roba una gallina, haya otra para quienes sustraen de la dignidad y de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto solicito al Puesto de la Guardia Civil de la Villa de Buñuel, tenga por formulada en términos y forma la presente denuncia con la relación exhaustiva de estos SEIS HECHOS para que se realice si procede las correspondientes averiguaciones afectas a los referidos hechos y remita al JUZGADO DE GUARDIA el atestado por si diera lugar a que los hechos denunciados fueran constitutivos de delito.
       Si fuera necesario para abrir un proceso judicial pondré a disposición de quien lo requiera: mi testimonio personal, la documentación en la que se basa estas denuncias y las calificaciones pertinentes mediante escrito de abogado.

En Buñuel a 17 de Agosto de 2014.

Pedro José Francés Sayas.

sábado, 19 de abril de 2014

La canalla de 1936


A poco que rascamos en la realidad social y política actual, no encontramos  que todavía una parte importante de lo que vivimos y sufrimos es consecuencia de la escarda que ordenó el Glorioso Movimiento Nacional en el verano de 1936 y la posterior guerra que provocaron los alzados.

Una vez implantada la estrategia del terror y del silencio durante las décadas del hambre, la miseria, la represión y el silencio ha sido muy fácil mantener esa filosofía de vida con raíces en el siglo XIX.
Es importante conocer aquellos tiempos republicanos para entender los que vivimos ahora y comprobar que con aquella escarda arrasaron algunas ideas que to davía no han renacido de aquella tragedia.

En la Canalla de 1936 trato de identificar a aquellas personas que con su aportación personal directa fueron quienes en cada pueblo y lugar, tras el alzamiento en armas de los militares, montaron las estructura de poder ilegitimas que pudo hacer posible que se ordenara el terror que escardó la esperanza de la mayoría social de aquellos años. Muchas personas de cuya responsabilidad y protagonismo se ha tratado obviar porque supieron hacer las cosas de tal manera de que en todo caso las culpas recayeran sobre otros.
                                                                                


  Epílogo a la Canalla de 1936.

Según los resultados de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, el setenta por ciento de la población navarra había votado a los partidos del Bloque de derechas y habían sacado los siete diputados que correspondían a la Provincia. De este dato se puede deducir, sin dudar, que en aquellos años republicanos en Navarra la población era: católica, monárquica, fuera carlista o borbónica, conservadora, militar y eclesial y a última hora: fascista y falangista para acabar en unos pocos meses siendo franquista.
El golpe militar tuvo su epicentro en Pamplona. Los primeros pasos civiles de su expansión se dieron en la provincia de Navarra tomando el poder político de manera violenta con las armas de la Guardia Civil y aprovechando el descuido de la población ante la sorpresa. Y fueron los jóvenes navarros con uniforme carlista o sin uniforme, los primeros que se subieron a una columna para llegar a Madrid y derrocar al Gobierno de la República.
Sabemos que en aquel verano de 1936, los alzados: militares, carlistas y falangistas y voluntarios que quisieron cambiar el mundo matando a quienes no pensaban como ellos, se encomendaron al Sagrado Corazón de Jesús e hicieron una escarda con la que arrancaron la vida a una quinta parte de quienes pensaban contrario a ellos. Pero hay que recordar que lo hicieron uncidos por la santa madre iglesia católica que los predestinó orgullosos a formar parte de una cruzada religiosa.
A fuerza de ser demócratas surgidos y amamantados en las reglas establecidas en la transición, cuya tarea más importante era fraguar un gran manto de silencio y degradación sobres los crímenes fascistas de 1936, nos encontramos ochenta años después, cuando el problema mal solucionado exige una solución correcta y un relato objetivo, con la realidad ineludible de que en una parte muy importante de la población navarra, en pueblos y ciudades, joven y con cierta edad, no sabe qué pasó entonces y tampoco le interesa saberlo.
El General Oliver Rubio y algunos golpistas locales
Hasta aquí hemos llegado y el resultado es que los herederos de aquellos carlistas y falangistas, los franquistas, conservadores, católicos y monárquicos, aquellas fuerzas religiosas y militares todavía mantienen el poder de hecho y de facto sin que haya hecho nada por aclarar la verdad y destapar sus consecuencias.
Y por eso quienes ganaron la guerra no reconocen con sinceridad y determinación a tantas víctimas inocentes, aunque sin embargo, por otro lado sin mostrar ninguna vergüenza, todavía mantenga públicamente los símbolos con los que honran la memoria de sus muertos y hagan recuerdo y enaltecimiento de sus héroes, allá donde quieren y pueden esquivar la Ley de Memoria Histórica.
Para eso sí que saben y no olvidan y quieren que nadie nos olvidemos.
Y cuando en algún momento o en algún sitio hacen por reconocer a las otras víctimas lo hacen desde la idea de que nadie sabe quiénes fueron  los que los asesinaron, y si cuando se nombran a los asesinos no se dan por enterados ni por aludidos: son tiempos pasados, gentes de antes que no estaban civilizadas, cosas irremediables que ya no van a volver a suceder y para cuando terminan su retahíla: la responsabilidad de los suyos ya ha desaparecido.
Saben de primera mano que todavía no han hecho el acto de reconocimiento de lo que hicieron sus mayores, de lo que hicieron sus preceptores para defender sus ideas y sus creencias. No les interesa contar y reconocer lo que hicieron sus correligionarios. Tampoco pueden sentir caridad cristiana ni solidaridad con el dolor consecuencia de los crímenes que cometieron, seguramente porque siguen convencidos de que como ya están muertos y no se puede hacer nada por ellos, es mejor olvidar, porque en otro caso bien muertos están y si acaso se mataron entre ellos.
Desde el bloque político que significa la derecha, en estas últimas décadas, todavía no han hecho el repaso objetivo y general de lo que hicieron y de las consecuencias que tuvo, y de las que han sobrevenido, y tampoco quieren entrar a valorar la gravedad de lo que destruyeron y el grado de culpa que tuvieron.
Eso sí, se han quedado con las rentas y con los dividendos.
Hoy en Navarra, las instituciones navarras, la ciudadanía navarra ha de conocer y reconocer lo que sucedió en el periodo republicano y poner blanco sobre negro qué pasó en los primeros meses de golpe militar y lo que los propios navarros directamente hicieron contra sus vecinos. Tenemos la obligación histórica de romper el silencio al que nos han sometido y hemos de obrar en consecuencia.
Que nadie quiera conseguir, con unos pocos diplomas de buena conducta a los familiares que lo soliciten, volver a silenciar de nuevo toda la esencia de lo que sucedió.